Por: Ana Véjar
“Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”, estipula el artículo 71 de la ley del Organismo Judicial (OJ).
Con base en el anterior artículo y que los diputados del Congreso de la República no han concluido el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y otros tribunales, el lunes se revalidó la continuidad en el ejercicio de sus funciones a los actuales magistrados. El 13 de octubre de 2019 concluyó el periodo de cinco años de las cortes y el martes se cumplió un año sin renovación de las mismas.
La constitución índica que el proceso de elección de jueces es a través de una comisión de postulación conformada por decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, representantes del colegio de abogados y delegados de los magistrados titulares. La función de la comisión es recibir currículos de los aspirantes, analizarlos y elaborar una lista de precandidatos, de esta los diputados seleccionan a los magistrados para un periodo de cinco años.
El congreso inició el proceso en febrero de 2019 con la convocatoria de integración de las comisiones de postulación, durante ese año y el actual, ha habido señalamientos en contra los aspirantes, la labor de los diputados, estos en últimas instancias se han negado a resolver la elección.
Esta semana, el presidente del congreso Allan Rodríguez atribuyó el atraso a la Corte de Constitucionalidad (CC) por amparar acciones interpuestas por activistas civiles en contra del proceso desde su inicio.
Según el abogado y analista en temas de justicia Oswaldo Samayoa, es una falacia que el congreso responsabilice a otros por el atraso en la elección y es un juego lo que hacen los congresistas al no elegir magistrados.
“No se puede culpar a la CC ni a quienes interpusieron acciones en contra del proceso de elección, hay que culpar al proceso y los vicios que tiene adentro. Cuando se interponen amparos, lo que se busca es garantizar el derecho que la población tiene a vivir sin corrupción e impunidad. Que la corte otorgue un amparo no la hace responsable; cualquier persona que presente una acción frente a un juzgado espera una reacción, y si el derecho le atiende, el juzgado se lo debe otorgar”.
“Señalar así es un acto de manipulación que realizan los diputados en contra de la CC porque esta no ha seguido sus intereses. Es deslegitimar la institucionalidad democrática que ha costado mucho construir en Guatemala. Quieren culparnos por exigir nuestros derechos y esto es una falacia, falacia que nos ha llevado a tener una sociedad con autoridades mediocres. Además, es un juego sucio la no renovación de cortes por parte de los poderes que han conformado el denominado pacto de corruptos, para garantizarse la histórica impunidad que han tenido en la designación de jueces. Todo para enriquecerse del Estado”, explicó.
El analista indicó que la falta de cortes nuevas violenta la constitución y el derecho a la justicia de la población. “La desobediencia de los diputados no solo violenta a la Constitución, sino también a las convenciones internacionales en materia del derecho a la justicia que tenemos todas las personas. Aunque ahora podamos acceder a él, no es de una forma estable, segura, porque está en jaque la independencia del Poder Judicial”.
“La democracia de nuestro país exige que quienes sean electos para las cortes sean personas honradas, independientes e imparciales, no personas que hayan pactado previamente con el poder político para favorecerlo. Sin embargo, tenemos una sociedad poco crítica consigo misma, tolerante con este tipo de procesos corruptos y mantiene en el poder a personas que debilitan la constitución a partir de no designar magistrados que realmente puedan dar garantía de imparcialidad e independencia”, agregó Samayoa.
Carlos Molina Mencos abogado constitucionalista, señaló que postergar el nombramiento de magistrados es una violación al sistema constitucional.
“La postergación del nombramiento de magistrados implica una irresponsabilidad absoluta del congreso en el cumplimiento de sus funciones, además de que conlleva una violación al sistema constitucional y a lo ordenado por la Constitución, que establece que los magistrados deben estar en su cargo cinco años. Ese período terminó y esto debería producir una nulidad en todo lo resuelto por los magistrados, pero es obvio que de presentarse esanulidad se generaría un caos por todas las sentencias emitidas”, puntualizó.
De 270 aspirantes a Corte de Apelaciones, 135 serán electos Magistrados titulares y 90 suplentes. De 26 candidatos para CSJ, 13 serán titulares y 13 suplentes. Foto: República.
Momentos de la elección
De acuerdo a la cronología del proceso de elección publicada por el congreso, este inició el 26 de febrero del 2019 cuando se convocó a la integración de las comisiones de postulación, pero la convocatoria fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en amparo a la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, ya que la convocatoria debía darse cuatro meses antes de octubre, no ocho meses.
El proceso se retomó en junio, mediante el acuerdo legislativo 08-2019 se realizó nuevamente la convocatoria de las comisiones. El proceso fue detenido por varias acciones, entre esas la de la Fundación Myrna Mack, que presentó una acción de amparo contra las comisiones argumentando que se violentó la Ley de la Carrera Judicial. En diciembre la CC resolvió a favor de la fundación y estableció la resolución 6528-2019, que ordenó reactivar el proceso de elección con evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial.
En febrero 2020 las comisiones postuladoras entregaron las nóminas de candidatos al presidente del congreso, Allan Rodríguez. Luego de eso, otros recursos interpuestos pausaron el proceso. El Ministerio Público (MP) señaló a algunos aspirantes por tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, relacionados con Gustavo Alejos. Según investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, estaban pactando la lista de candidatos que trabajaba en ese entonces las comisiones de postulación.
En mayo la CC otorgó amparo definitivo al MP y se reanudó la elección. En junio el pleno del congreso aprobó el acuerdo legislativo 14-2020 que estableció el procedimiento para la elección. Sin embargo, para esta fecha no ha avanzado el proceso, la elección de las cortes ha sido puesta en el último punto de la agenda legislativa y no se ha llegado a ese punto porque se levanta antes la sesión.
Congreso de la República de Guatemala. Foto: República.
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