LOS JÓVENES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL
Por: Mónica Duarte
Foto: nación.com
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA) persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. Esta ley necesita de una legislación que ayude a mejorar las condiciones de justicia de atención integral para jóvenes en conflicto con la Ley Penal.
Francisco Molina secretario de Bienestar Social indica que hay temas importantes en la legislación, la primera es que exista una ley que permita que los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan laborar dentro de los centros de privación de libertad con el fin de poder aprender herramientas de capacitación a la altura de la demanda laboral real de Guatemala para que cuando salgan de prisión puedan salir con dos cosas:
1. Con un ahorro económico para poder tener auto sostenibilidad durante los primeros meses en los cuales se reinsertan a la sociedad.
2. Con una capacitación que haya sido dada por alguna empresa para lo cual ellos puedan optar por una plaza laborar dentro de la empresa que los capacitó.
“Sí existiera una ley que reglamentara todo el tema de capacitación y permisos laborales en conjunto con una responsabilidad empresarial a nivel nacional, dichas empresas podrían ver a estos jóvenes como un potencial, esto sería lo más ideal” indica Molina.
Es necesario tener una legislación que tanto las universidades públicas como las privadas apoyen a esta población que se encuentra aislada de la sociedad, la Universidad de San Carlos es la única que ha apoyado en temas de licenciaturas pedagógicas a los privados de libertad, es la única que se ha animado a dar clases dentro de estos centros, pero hay muchos más jóvenes interesados en otras áreas.
“Lamentablemente estas escuelas y facultades no se han querido unir a la labor, entonces se podría crear una ley que obligue apoyar a los mayores que se encuentran en centros de menores y que puedan optar por una carrera técnica o universitaria de su interés”.
En unos de los artículos de la Ley de protección de menores y adolescentes menciona que cuando un adolescente en conflicto con la ley penal entra a un centro de privación de libertad y cumple la mayoría de edad debe permanecer en los centros de privación de libertad de menores y no podrá ser trasladado a un centro de mayores.
“Respecto a este artículo considero que desde un inicio está bien la idea de no enviarlo a mayores para que no se contaminen, pero debería de existir un apartado donde indique que siempre y cuando el adulto no cometa un nuevo delito dentro del centro. En la mayoría de casos son los adultos los que andan incitando a los menores a que hagan un tipo de alteración al orden y de esta manera involucrarlos en robos, ingreso de ilícitos etc., se debería de iniciar un proceso en el cual pueda permitir mandarlos a mayores y culminar su proceso en este último”, argumenta Francisco.
Lo que se desea lograr es dejar a los adultos que son buen ejemplo para los menores, y de alguna forma que se conviertan en una forma de aspiración aquellos que están recluidos ahí. “El 50% de los privados de libertad son adultos y el 50% son menores, se tiene una población actual de 670 privados de libertad al día de hoy” menciona.
CONVENIO MAIJU
Una docena de instituciones firmaron este 31 de agosto un convenio para abordar de forma especializada a los jóvenes en conflicto con la ley penal que busca formas anticipadas de terminación de procesos en su contra, alternativas a la privación de libertad y procurar la reinserción social. El acuerdo se denomina Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación del Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil (MAIJU).
“Al crear MAIJU, crea por primera vez una alianza estratégica inter institucional para darle varios programas al adolescente y rescatarlo de los malos caminos. Absolutamente nada justifica cometer un delito por eso se deben conocer las causas por las cuales sale a la luz esta falta. Dependiendo de la gravedad de la falta así será adaptando el programa según corresponda”.
(MAIJU) es muy importante debido a que por primera se hace el esfuerzo que se atienda al adolescente que transgrede la ley de una forma integral, es decir trabajando en conjunto con otras instituciones que velen por el desarrollo y protección del menor. Este convenio pretende brindarle toda la atención de un estado que va a proveer y proteger, implementando herramientas y programas para que se pueda reinsertar de una manera idónea.
La Secretaria de Bienestar Social creó Casa Intermedia el primer modelo de justicia penal juvenil, a nivel de Centroamérica es uno de los mejores y MAIJU viene a mejorar estos avances.
Andrea Villagrán diputada por la bancada BIEN indica que la estructura del acuerdo MAIJU es muy positivo la forma en que está integrada también lo es, el problema es que el sistema se acaba de implementar y es muy pronto para saber cómo estará enfocado en los aspectos integrales.
“Es importante mencionar que Guatemala no es un país que dé retroalimentación a los proyectos y programas que se implementan, es cuestionable la duración que vaya a tener este acuerdo porque pueden involucrarse factores políticos. Debe haber una planificación de país que obligue a los gobiernos de turno a seguir una línea de trabajo”
“Los grupos sociales deben dar seguimiento a estos programas para que los gobiernos tanto este como los venideros vean más difícil hacer el clásico borrón y cuenta nueva que cada gobierno quita y pone. Se debe fiscalizar la ejecución presupuestaria de estas instituciones para que estén cumpliendo con los objetivos e indicadores”
“El año pasado se presentó la reforma a la ley PINA y caminó muy bien pero este año por cuestiones de la emergencia sanitaria, nueva legislatura y nuevo gobierno quedó engavetado. Es importante que el Congreso de la Republica continúe con el avance justamente por tema de protección”
La diputada indica que lamentablemente con varios acuerdos firmados como derechos a las mujeres, derechos a la niñez y adolescencia han sido bastante difíciles de discutir dentro del Congreso. Menciona que cuando se presentan iniciativas como estas usualmente el proceso llega a tarda años en ser aprobadas y ya no existe una voluntad política.
“Se aprueban cuando hay una coyuntura fuerte, que los motive a ponerse en marcha como se puede mencionar el caso de la muerte de las niñas del Hogar Seguro, se tienen que llegar a momentos tan críticos que es ahí cuando se llega a trabajar en estas iniciativas” cuestiona.
INDICADORES
Cuando los jóvenes cumplen su condena y queda en libertad un 10% se reincorpora a los grupos criminales, tomando en cuenta que muchos de ellos nunca salen de ahí. En los Preventivos hay tantos casos activos como no activos, esto se debe a que las familias a esto se dedican, son segunda o tercera generación que han vivido en estructuras criminales.
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