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DECRETO 04-2020 DE ONG´S EN PARO



Por: Ana Véjar


El pasado 11 de febrero, el pleno del congreso de la República aprobó la iniciativa de ley 5257, decreto número 04-2020, para reformar la ley de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El presidente de la junta directiva del Congreso, Allan Rodríguez, momentos antes de la aprobación, manifestó por Twitter que “las ONG’s necesitan un marco regulatorio actual y moderno, que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes”.


La resolución causó controversia debido a que varios puntos, según los diputados que votaron en contra de la reforma, “atentan contra las garantías de la sociedad civil organizada”. Amnistía Internacional Américas, ONG en pro de los Derechos Humanos, fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse, “la nueva ley de ONG’s podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones y a la profundización de la criminalización contra quienes defienden los derechos humanos”. También solicitaron al presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto.


El domingo 16, la Embajada de los Estados Unidos en el país se pronunció, “la iniciativa 5257 impone requisitos onerosos a las ONG en Guatemala, que desempeñan un papel clave en las democracias funcionales y ayudan a fortalecer las instituciones democráticas. Instamos a Guatemala a que modifique esta legislación conforme a las mejores prácticas internacionales”. Así mismo, la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, pidió el veto del presidente.


Durante una conferencia, el presidente Giammattei avaló el jueves 27 de febrero el Decreto 04-2020. En respuesta a los señalamientos en contra, dijo haber consultado con expertos constitucionalistas sobre el tema y determinaron que “no hay ninguna inconstitucionalidad” en las modificaciones. También, se negó a atender los pedidos de la comunidad internacional. Al día siguiente fue publicada la ley en el Diario de Centroamérica, cuya vigencia legal entraría pasados ocho días de su promulgación.


Amparo


El 2 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a varias oenegés que accionaron contra la reforma. Mediante un comunicado, la CC indicó que la vigencia del decreto conlleva amenaza de violación a los derechos humanos, por lo que suspendió el acto de aprobación del decreto, respecto de la tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, así como el aval del presidente y su posterior entrada en vigencia el 7 de marzo.


El amparo deja la ley en el estado de aprobada en segunda lectura, por lo que no entraría en vigencia. Juristas y diputados han dicho que el proyecto de ley se tendrá que volver a conocer y discutir, aunque también creen que se debería suspender el procedimiento, pues el decreto ya había sido sancionado y estaba por ser efectivo.


Postura del Ejecutivo


El 6 de marzo, el Organismo Ejecutivo mediante un breve comunicado, reconoció no estar de acuerdo con la resolución emitida por la CC sobre el decreto 04-2020, pero afirmaron que respetarían a las diferentes entidades gubernamentales y sus decisiones.


Reformas que fueron propuestas:


  • Las organizaciones deben de constituirse por medio de escritura pública y por el acto de su inscripción en el Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.


  • Las entidades y sus socios deben responder con su patrimonio por las deudas que contraigan.


  • Para obtener su personalidad jurídica deben registrarse en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), La Controlaría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).


  • En el caso que reciban donaciones nacionales deben extender recibos. Si el aporte es extranjero también debe informar al Ministerio de Relaciones Exteriores.


  • Si las oenegés utilizan las donaciones o financiamiento externo en alterar el orden público, serán canceladas por el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.


  • Las organizaciones que operan al momento de cobrar vigencia la ley tendrán seis meses para actualizarse.


Foto: Tomada del archivo de Prensa Libre.


Edición: Rosa Jordán

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